Ampliación de ruta 27 dependerá del interés que tenga el próximo gobierno

El futuro del proyecto de ampliación de la ruta 27, que comunica el Valle Central con el puerto de Caldera, dependerá del interés que tenga el próximo gobierno por continuar con el proceso de negociación con Globalvía, empresa concesionaria del camino.

Los ocho meses que le restan a la administración de Carlos Alvarado no serían suficientes para completar el estudio de la propuesta de ampliación presentada por la empresa y lograr la aprobación de la adenda del contrato por parte de la Contraloría General de la República.

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Así lo reconoció José Manuel Sáenz, jerarca de Concesiones, al justificar que las numerosas aclaraciones, correcciones y solicitud de ajuste al diseño que le han solicitado a la concesionaria y el poco personal con que dispone, han impedido avanzar al ritmo deseado para dejar el caso resuelto.

Por el momento, la administración trabaja arduamente con el propósito de presentarle la adenda del contrato a la Contraloría General a principios del próximo año.

Sin embargo, Sáenz es consciente de que “llevándolo rápido” el trámite ahí no tardará menos de seis meses, basándose en los mejores tiempos que le ha tomado a la Contraloría el estudio de casos complejos como este, que se trata de la primera ampliación de un contrato de concesión que está en marcha.

“Yo lo que le aseguro es que la adenda va a estar en la Contraloría a principios del próximo año; cuánto tiempo tome la Contraloría en dar la aprobación, depende de las necesidades de aclaraciones o correcciones que ellos establezcan que tengamos que atender”, comentó.

Para tratar de agilizar el proceso, la estrategia del Consejo de Concesiones se basa en procurar tener el mayor contacto con la Contraloría para irles compartiendo la información que van resolviendo con la concesionaria, de manera de no tener que empezar de cero cuando le envíen la adenda.

Globalvía presentó en marzo anterior su propuesta de ampliación, que contemplaba una inversión de $646 millones. En ese entonces, el gobierno estimó que le tomaría tres meses analizar y que para marzo de 2022 ya tendría el visto bueno de la Contraloría, por lo que al próximo gobierno le correspondería iniciar las obras.

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Pero no fue así. Seis meses después de que le presentaron el documento, aún lo tienen en estudio, principalmente porque la administración busca un diseño más económico, que logre reducir el costo de la obra en, al menos, $50 millones.

El proyecto comprende la construcción de un paso a desnivel entre el Gimnasio Nacional y la Avenida 10, que ayude a despejar la vía en esa intersección.

Además, ampliaría a cuatro carriles por sentido entre el acceso a la Circunvalación y Escazú, a tres entre la estación de peajes de Escazú y La Guácima y a dos carriles por sentido hasta Caldera, incluidos los puentes mayores e intersecciones.