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Cinco años contra corriente

Mauricio París [email protected] | Jueves 03 septiembre, 2020

Uber cumple 5 años de operar en Costa Rica con números que acreditan el éxito de la movilidad colaborativa: 28.000 conductores, 971.000 usuarios y 200 millones de viajes realizados. Estos son los números de una sola empresa, en un mercado que está madurando y ya tiene otros competidores. Es claro que el consumidor costarricense encontró en esa modalidad de transporte una opción viable.

El gran perdedor en estos años ha sido el Estado costarricense, que, con una obcecación difícil de comprender, abanderó desde la administración anterior una tutela corporativista hacia el gremio del taxi, acusando a Uber, y a todo lo que se le parezca, de una ilegalidad que, a la fecha, sigue siendo meramente retórica. Además de credibilidad para las inversiones innovadoras, el gobierno nos ha hecho perder mucho dinero en estos años. Si el gobierno hubiera entendido que no es su competencia imponerle al ciudadano en qué medio de transporte se moviliza, ya habría resuelto lo que es de su principal interés: el cobro de impuestos.

El cobro del IVA iniciará apenas el próximo 1 de octubre, con una legislación que tiene demasiadas limitaciones y que podría abarcar un espectro más amplio de la economía colaborativa, si el Ejecutivo se hubiera sentado a resolver esto junto con los actores claves desde hace tiempo.

Pero no tenemos que quedarnos allí, si se contara con una regulación razonable y sencilla, en lugar de la visión policiaca que ha imperado hasta hoy, las mismas plataformas podrían facilitar que los conductores se afiliaran como contribuyentes y trabajadores independientes, generando más recaudación y permitiéndole a miles de personas dejar la informalidad. Hay ejemplos positivos muy cerca nuestro, como en Guatemala, donde la plataforma facilita que los viajes se vayan registrando en un sistema de facturación electrónica de forma automática.

El mundo cambió en marzo anterior. La pandemia, aunada a una tasa de desempleo del 24%, obliga a un cambio de estrategia por parte del gobierno, pero, sobre todo, a que el la Asamblea Legislativa zanje, de una vez por toda esta discusión. Las plataformas de movilidad colaborativa representan una oportunidad de ingresos a una población que no tendría otros con qué reemplazarlos, pero además son una alternativa de movilidad segura en tiempos en donde el uso del autobús o el tren son altamente peligrosos por contagio, y pueden representar una fuente de recursos frescos para las disminuidas arcas estatales.

Es insostenible que en este contexto el Ejecutivo se empecine en la aprobación de un modelo regulatorio que “taxifique” las aplicaciones de movilidad colaborativa, con máximos de conductores y “bases de operación”. Este es un modelo que ya la tecnología demostró obsoleto y más bien corresponde liberar a los taxis de las amarras que los hacen menos competitivos.

Los hechos no dejan de existir por que sean ignorados, y ya es momento de que el gobierno deje de ir contra corriente, rectifique el rumbo y promueva políticas públicas que favorezcan a la mayoría de la población.

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