Conozca los desafíos de la Costa Rica del bicentenario en infraestructura

Los 200 años de vida independiente toman al país en un mal momento en cuanto a infraestructura pública se refiere.

Un gran escándalo de corrupción en investigación judicial, parálisis en el programa de mantenimiento vial, un rezago de obras para fortalecer la competitividad y un alto endeudamiento que reduce la maniobra para nuevos créditos, es parte del panorama que enfrenta la Costa Rica del bicentenario.

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Pero, al mismo tiempo, la celebración es un momento ideal para aplicar un borrón y cuenta nueva en busca de construir un modelo eficiente, transparente y con aliados estratégicos que garanticen los recursos para sacar adelante las grandes obras de desarrollo.

Por lo pronto, el primer paso por resolver es el de la transparencia y para ello se deben crear las medidas de control y seguimiento adecuadas que devuelvan la confianza de la población, que es sobre la que se carga un alto porcentaje del financiamiento de los programas de infraestructura, principalmente viales, mediante el cobro de impuestos.

Para ello, lejos de cerrarlo, es necesario profesionalizar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), de manera que opere de forma independiente y basado en criterios técnicos en la promoción de proyectos país y no al vaivén de las prioridades y presiones políticas de los gobiernos.

Es decir, que el desarrollo de las obras prioritarias se base en el bienestar de la mayoría o sectores estratégicos y no de compromisos cortoplacistas que permitan inaugurar la mayor cantidad de obras en un ciclo presidencial.

Ahí también se hace necesario abrir el programa de mantenimiento y ampliación vial a la competencia de manera que participe una mayor cantidad de empresas en favor de la calidad, la eficiencia y la economía; pero igualmente con controles y sanciones ejemplarizantes que eviten o, al menos, compliquen la infiltración política o empresarial en las decisiones.

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En cuanto al problema de financiamiento que se sufre, principalmente por el ahogo fiscal y el sobre endeudamiento, se hace urgente sumar a Costa Rica decididamente a la tendencia mundial de apoyarse en las alianzas públicas privadas para el impulso de las obras de gran envergadura.

Mediante ese modelo, la empresa privada se encargaría de conseguir los recursos, construir las obras y darles mantenimiento a los bienes del Estado por un tiempo determinado y recuperar la inversión por medio del cobro de peaje por su uso o una mensualidad.

Su principal virtud es que, generalmente, solo paga la persona que usa el bien y así quita la presión de cargar en impuestos generales o altas tarifas de servicios públicos las inversiones en nuevas obras.

De esta manera es posible atender el rezago en infraestructura para oficinas, educación, saneamiento, carreteras, puertos, logística, aeropuertos, trenes, cárceles, acueductos, de movilidad urbana, entre otras.

Apoyarse en ese modelo, sin embargo, requiere de la transformación del Consejo Nacional de Concesiones, una entidad venida a menos en los últimos años al punto de que el gobierno anterior prácticamente la llevó al cierre.

Existe consenso en que lo conveniente para evitar que eso se repita es que se replique en ese sistema el modelo de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), agencias de promoción de inversiones que operan de forma independiente, con equipo calificado y con un norte definido sin importar la ideología o las políticas del gobierno de turno.

De esta manera, la institución contaría con personal encargado de estructurar adecuadamente una robusta cartera de obras, de promocionarla en el mundo, de atraer inversores al país, de darles seguimiento, de fiscalizar que se ajusten a la normativa y de fomentar el desarrollo de la infraestructura.

Costa Rica tiene 23 años de contar con legislación que fomenta este tipo de alianzas, pero el resultado ha sido a cuentagotas, enfocada principalmente en carreteras, puertos y aeropuertos.

El bicentenario puede el punto de inflexión que permita dejar de lado los problemas para encauzar al país hacia un nuevo modelo de desarrollo de obras públicas que le amplíen su atractivo a nivel internacional para traducirlo en inversiones que generen desarrollo, empleo y bienestar.