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COLUMNISTAS

El fracaso de las operadoras de pensiones costarricenses.

Leiner Vargas [email protected] | Miércoles 22 marzo, 2023


Costa Rica ha enfrentado una crisis en su sistema de pensiones, con seis operadoras clave reportando pérdidas de capital debido a inversiones fallidas en el extranjero, febrero ha seguido mostrando pérdidas y marzo podría resultar aún peor producto de las recientes quiebras bancarias. Estas pérdidas han generado preocupación entre los afiliados y han puesto de manifiesto la necesidad de reformas en el sector. Las seis operadoras de pensiones en Costa Rica (BAC San José Pensiones, BN Vital, Popular Pensiones, BCR Pensiones, Operadora de la CCSS y Vida Plena) han experimentado pérdidas significativas en sus inversiones en el extranjero durante los últimos ocho meses. Estas pérdidas se han agravado debido a la caída de las acciones y renta variable en las que invirtieron más de un tercio del capital total de los afiliados costarricenses.

Las operadoras de pensiones compraron acciones a precios elevados y pagaron comisiones de cambio exorbitantes a los bancos. Estas inversiones ahora deben ser valoradas a precios mucho menores debido a la apreciación del colón, lo que ha generado una pérdida de capital considerable para los afiliados. La pérdida de capital en las operadoras de pensiones ha generado preocupación entre los afiliados, quienes temen que sus ahorros para la jubilación puedan verse afectados negativamente. Esta situación ha llevado a un aumento en la demanda de una mayor regulación y supervisión de las operadoras por parte de las autoridades competentes.

Una solución potencial es que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) ejerza una mejor y más rigurosa regulación sobre las operadoras para evitar inversiones de alto riesgo en renta fija en el extranjero y en el mercado local. Además, la SUPEN podría desempeñar un papel más activo en el monitoreo y control de las inversiones de las operadoras de pensiones.

Otra solución sería facilitar a las operadoras de pensiones la inversión en proyectos de infraestructura local, como puentes, carreteras, aeropuertos y puertos. Esto no solo ayudaría a impulsar la economía costarricense, sino que también proporcionaría una fuente de ingresos más estable y confiable para los afiliados. Además, se podría exigir a las operadoras de pensiones segmentar los ahorros de sus afiliados según el apetito al riesgo y la edad de pensión. Esto ayudaría a evitar ajustes violentos en los montos esperados de pensión y proporcionaría una mayor seguridad a los afiliados sobre sus inversiones.

Es crucial abordar el problema de las comisiones excesivas que las operadoras cobran a sus afiliados. Reducir las comisiones en casos donde se reparten pérdidas de capital podría ser una medida efectiva para evitar premiar la negligencia y la incapacidad de gerenciar financieramente bien los fondos. No podemos seguir pagando doble comisión por gestionar las carteras, pagando sumas multimillonarias a fondos de inversión en el extranjero que han drenado los fondos e invertido en papeles casi basura actualmente.

El fracaso de las operadoras de pensiones costarricenses en proteger el capital de sus afiliados es un tema preocupante que requiere atención inmediata. Las soluciones propuestas, como una mayor regulación por parte de la SUPEN, la inversión en infraestructura local, la segmentación de ahorros y la reducción de comisiones, podrían ayudar a abordar estos problemas y garantizar un futuro más seguro para los afiliados y sus ahorros para la jubilación.

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