“Este país debe definir ya la calificación de servicios esenciales”: Empresarios

Para evitar una huelga indefinida como la del año pasado, tanto el gobierno como los diputados deben avanzar lo más pronto posible con el proyecto que define una lista de servicios públicos esenciales.

La iniciativa establece los servicios que no se podrían interrumpir bajo ninguna circunstancia, y los trabajadores que desafíen la medida, sufrirían el rebajo de sus salarios, e incluso, serían despedidos.

Se trata de los sectores de salud, seguridad, comedores escolares, educación pública, suministro de combustibles y de agua, entre otros.

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“Consideramos más que necesario ir aclarando estos términos por la seguridad jurídica del país, de todos los ciudadanos, y por la confianza que requiere el sector productivo para seguir aportando trabajo y generando mejores condiciones”, dijo Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.

El sector productivo no se opone al derecho del ciudadano a manifestarse; sin embargo, tampoco es aceptable que, amparado a criterios tergiversados, se proceda a convocar a una huelga cuando el movimiento es claramente ilegal.

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Los criterios de la Procuraduría General coinciden con los externados por varios diputados, así como esta misma Unión de Cámaras, en el sentido de que no se busca prohibir las huelgas, sino declarar ilegal aquellas en las que se afectan los servicios esenciales que afectan la vida, la salud y la seguridad de la población costarricense.

Mientras tanto, el sector sindical rechaza el plan y anuncia un movimiento inédito para 2029, según Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.

En ese sentido, varios sindicatos del Magisterio Nacional como APSE y ANDE ya anunciaron protestas aisladas que irían aumentando en intensidad si el proyecto en cuestión, y la ley de empleo público, no se archivan.

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