Nos quedamos con los gastos y las deudas, pero no hay garantía alguna de beneficio social

Gran gasto en educación y malos resultados

Dicen que “no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar”. El hecho es que aprobar un gran gasto en educación y obligar a un gran gasto por Constitución no es garantía de más cosa que un gasto grande.
El segundo párrafo del artículo 78 de la Constitución Política, según texto preceptuado por la reforma constitucional contenida en la Ley N° 8954 del 9 de junio de 2011, establece que “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.”
La calidad del gasto, la eficiencia del gasto, la oportunidad del gasto, la mejora de la educación y las garantías de educación no se pueden asociar con la mentada reforma constitucional.
La reforma tiene un par de errores evidentes. El primero de ellos es ligar el tema del enorme gasto únicamente a la educación “estatal” (ni siquiera pública). El segundo es fijar el gasto al producto interno bruto (estableciendo una medida que puede resultar absolutamente irracional en relación con las posibilidades del gasto público, estableciendo una gran presión fiscal).
Por supuesto que estos graves errores fueron señalados en su oportunidad, pero cundió la demagogia.
Es obvio que lo importante es el gasto en educación que hace una sociedad. El gasto social puede impulsarse de muchas maneras inteligentes, con resultados importantes y asombrosos. El gasto público, en cambio, no es garantía de nada y muchas veces es contraproducente y claramente antisocial.
El caso es que la OCDE ha evidenciado que el enorme gasto estatal en educación es realmente grande comparado con los demás países y que, paradójicamente, tiene de los resultados más bajos.
El daño y los malos resultados parecen ser indiscutibles, a pesar de que los responsables se deshacen en excusas y pretextos.
Asegurar un gasto público grande siempre será un problema. Un gasto público grande, un Estado grande, no son más que eso, un gran peso sobre la sociedad. La garantía de gasto ha ido demostrando no ser un instituto constitucional adecuado. Nos quedamos con los gastos y las deudas, pero no hay garantía alguna de beneficio social.
Los buscadores de rentas, el clientelismo y la demagogia se concitan para quedarse con la posta y dejarle a la sociedad las obligaciones. Así nacen complicaciones, gollerías, privilegios, tramitomanías y mil problemas más.
Diferente habría sido hacer las cosas con inteligencia y oportunidad. Mirar el ejemplo sueco no nos puede dañar. En fin, hay muchas formas de hacer las cosas bien sin dejar amarres y entuertos constitucionales que luego cuesta muchísimo deshacer.
Ahora, con este tema, nos hemos expuesto internacionalmente y no se puede tapar el sol con un dedo. Son demasiados años perdidos y en el ámbito público, además lleno de estatismo e intereses antisociales, solo aparecen proyectos de más regulaciones, más impuestos y menos libertad.
A final de cuentas, al burócrata le queda más fácil complicarles la vida a los demás que concentrarse en trabajar y hacer bien las cosas.

Federico Malavassi

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