La edad dorada (II)

Juan Antonio Vargas Guillén

Abogado jubilado

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Por primera vez en la historia de la humanidad los mayores de 65 años superamos en el mundo a la cantidad de personas menores de 5 años, culminando un proceso corto pero intenso de aumento de la expectativa de vida (52 años en el año 1960 a 72 en el 2020) y de disminución de la natalidad.

En el caso costarricense, nuestra expectativa de vida era de 42 años en 1930, de 65 años en 1970 y 77 años al iniciar el milenio, siendo hoy la sorprendente cifra de 81 años, a la cual contribuyen muchísimo más las mujeres y las provincias de Alajuela y Guanacaste donde sus pobladores viven más, en contraste con la provincia de Limón, donde esta cifra es menor y específicamente en los hombres, quienes fallecen muchísimo antes que ellas.

Por otro lado, la tasa de fecundidad se reduce aceleradamente a un hijo por mujer, lo que ha obligado a sostener la estructura económica nacional —y algunas actividades específicas, como la construcción y la agricultura— por medio de la migración. En este sentido, la llegada de nuevos migrantes fortalece nuestra economía sin que ello implique llegar a los extremos de la llamada gentrificación.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas estamos a muy poco de que el envejecimiento se constituya en uno de los factores más importantes de transformación social, con efectos sustantivos en el mercado laboral y financiero, en la demanda de bienes y servicios, así como en la estructura familiar e intergeneracional.

Si la sociedad no se anticipa, se prepara y planifica sobre el tema del envejecimiento de la población, los efectos sociales, políticos, económicos y ambientales podrían derivar en una de las mayores crisis que la humanidad hubiera experimentado en muchos años, poniendo en riesgo paradigmas que hoy nos gobiernan como la democracia política y económica, la sostenibilidad ambiental, la solidaridad humana, etc., a partir de la falta de respuesta del sistema político administrativo actual a las nuevas demandas de la sociedad.

Son muchos los escenarios y temas en donde los costarricenses debemos incidir para lograr superar con éxito esta difícil etapa de la historia de la humanidad, pero considero que existen dos que poseen especial relevancia: la salud y la seguridad económica en la vejez. En el primero nos referimos evidentemente a la salud física y mental, donde el país urge un tránsito acelerado de un enfoque geriátrico hacia un enfoque gerontológico de la atención de nuestros adultos mayores, de una atención curativa hacia una intervención preventiva, de una medicina cara, concentrada en las cirugías y suministro de medicamentos con efectos secundarios (efectos nocivos) hacia una medicina preventiva, natural y comunitaria, o sea, de bajísimo costo económico, pero absolutamente más eficaz, como lo ha mostrado el modelo de la medicina oriental.

La Ley de la Persona Adulta Mayor establece la obligación del Estado de creación de servicios de Geriatría en todos los hospitales generales nacionales públicos, así como la atención de geriatría en los hospitales regionales y las clínicas III y IV, los cuales deberán contar con personal especializado en la rama, recursos adecuados, físicos, humanos y financieros para garantizar una atención integral en salud, mediante programas de promoción, prevención, curación y rehabilitación, que incluyan como mínimo Odontología, Oftalmología, Audiología, Geriatría y Nutrición, para fomentar entre las personas adultas mayores estilos de vida saludables y autocuidado.

En este cambio es vital la participación activa de los gobiernos locales y las asociaciones de desarrollo comunal, como pilares en la aplicación del principio administrativo de la subsidiariedad vertical, imprescindible para lograr niveles de eficacia y eficiencia en el nuevo modelo de gestión: las decisiones y ejecuciones deben adoptarse en los niveles territoriales más cercanos a la realidad, y no desde la lejanía de los escritorios de la jerarquía burocrática.

En cuanto a la seguridad económica en la vejez el problema está concentrado en la falta de sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), porque no se adaptó el modelo con suficiente anticipación y se continúan postergando las reformas estructurales del mismo, siendo que en todas las últimas décadas solo se ha aprobado una medida estructural, al crear un esquema integrado y coherente de pensiones complementarias en la Ley de Protección al Trabajador hace 25 años.

El resto de las medidas propuestas —aumentar la edad de retiro, subir las cuotas de los trabajadores o reducir beneficios— debilitan la calidad de vida en la vejez y se traducen en más impuestos para los asalariados, sin gravar otras fuentes de riqueza en una sociedad cada vez más desigual.

Las reformas deben ser estructurales, que posean el efecto aumentar la cobertura de los pensionados, mejorar la sostenibilidad del modelo, consolidar la suficiencia de cada pensión para que no se deteriore la calidad de vida del adulto mayor y fortalecer los sistemas de regulación y supervisión en el ámbito de la gobernanza del sistema. Pero, ¿cómo lograrlo sin crear más impuestos para no desmejorar las condiciones macroeconómicas que nos afectan a todos, pensionados y no pensionados?

Para que las reformas sean realmente estructurales deben proyectarse al corto, mediano, pero sobre todo el largo plazo, repercutir en las generaciones que aún no han nacido. En nuestra propuesta es urgente el inicio de un cambio concertado, pero la transición completa del modelo demoraría entre 47 años y 60 años, sus efectos positivos y sostenibles deben proyectarse a más de 100 años. Con la idea de provocar una discusión considero la siguiente propuesta:

1. Disminuir los costos y aumentar la eficacia de la medicina, evolucionando de la geriatría hacia la gerontología, que además de las medidas de salud física y mental directa, es un cambio de cultura de toda la sociedad. Modificar rápidamente el modelo actual caracterizado por una medicina cara de carácter curativo a un modelo de bajo costo y mayor eficiencia, como es la medicina preventiva, natural y comunitaria. Nuestro país inicio este proceso hace algunas décadas, pero algunos intereses egoístas y poderosos terminaron desmantelándolo poco a poco. Esta situación se agrava con la desbandada de los especialistas de la Caja al sector privado.

2. Reformar sustantivamente el régimen de IVM para que evolucione paulatinamente a fortalecer la pensión de las personas que están en la primera línea de pobreza, aumentando su cobertura y solidaridad, paralelamente se deberá ir disminuyendo a importancia relativa del IVM para aquellos trabajadores que posean mejores condiciones económicas, o sea, las personas que más pueden aportar al ROP, en forma paulatina pero constante irán aumentando su aporte. Ambas medidas deben proyectarse en un plazo entre 47 a 60 años a partir del inicio de la reforma del modelo, lo que permitirá que la medida no posea mayor impacto negativo en ningún trabajador.

3. Acordar, entre todos los sectores del país (público, privado y social), un porcentaje manejable del endeudamiento impago del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social, para incorporarlo a este proceso, en cuentas individuales de un perfil y administración similar al ROP, de tres mil colones mensuales por cada uno de los estudiantes de edades entre 5 y 18 años, de la educación pública, con lo que se aumentará la cobertura casi en un millón de nuevos cotizantes, que representan en esta nueva generación a un 95,5% de la población, que se depositarán en las operadoras en un 50% en moneda nacional y un 50% en modela extranjera. Si el plazo de retiro se mantiene en 65 años, tendremos un plazo entre 47 y 65 años para lograrlo con aumentos y disminuciones imperceptibles para los ahorrantes y así transitar pacíficamente de un régimen solidario a un régimen de pensión basada en los aportes y los intereses compuestos. Este proceso debe fortalecer a la Operadora de Pensiones de la CCSS. Esta diminuta suma de 6 dólares implicará una especie de efecto de nuevo ROP, por los beneficios que implica la maravilla financiera del interés compuesto en plazos prolongados y con buenas administraciones.

4. Cuando los estudiantes concluyan sus estudios de secundaria, podrán utilizar el 50% de lo ahorrado en algún estudio superior y el otro 50% quedará en el ROP hasta su retiro laboral, o sea, un periodo muy prolongado para beneficiarse de los rendimientos similares al ROP, o aún mejores.

5. Que los recursos actualmente ahorrados, que representan un 50% del PIB, se reorienten al desarrollo nacional. Para tomar solo un ejemplo de inversión, pensemos que SUGEVAL y el sector financiero capacitarán a las municipalidades del país que tienen la responsabilidad del 83% de la infraestructura vial nacional, para que puedan hacer emisiones de bonos a largo plazo, que permitan financiar la totalidad de estas obras, y cambiar el modelo de gestión de la infraestructura vial de un modelo curativo, ineficiente y caro a un modelo preventivo y barato, con enormes ahorros locales y nacionales, que se podrán invertir en mejorar la gestión de los gobiernos locales, en

beneficio de las comunidades y de la economía como un todo. Se calcula que con un 35% del ROP actual podríamos renovar el 100% de la infraestructura vial municipal, generando reactivación económica, empleo, desarrollo local y enormes ahorros a escala que beneficiarán a todo el país. En un lapso 12 años de un modelo preventivo podríamos estar invirtiendo en el mismo solo un 25% de lo que actualmente invertimos en las carreteras colapsadas estructuralmente.

Japón —la nación más longeva del mundo— desarrolló una filosofía llamada “economía plateada”, de la cual podemos extraer valiosas enseñanzas y adaptarlas a nuestro medio. Bélgica, Holanda y Dinamarca establecieron sistemas rentables y poco riesgosos de administración de las pensiones, Latinoamérica está dando pasos seguros en esta línea. La OCDE podría colaborar con el país a realizar análisis comparativos y adquirir nuevas buenas prácticas en la gestión eficiente de los fondos de pensiones, minimizando los riesgos nacionales de incapacidad para planificar, corrupción y politiquería.

Enfocarnos en convertir las vulnerabilidades físicas, mentales y económicas de la edad dorada en nuevas oportunidades de desarrollo, un nuevo y novedoso mercado, en prestación de nuevos servicios o emprendimientos, que sean económicamente atractivos, tanto en el ámbito público como en el privado, aprovechando la mejor salud física y emocional de los mayores, para que contribuyan más años a este nuevo proceso de desarrollo social, económico, cultural y ambiental, en fin, una sólida economía plateada para un mayor disfrute de nuestros años dorados.