La política Trump de contención y proteccionismo a China y oportunidades para Costa Rica
Óscar Álvarez Araya [email protected] | Jueves 05 diciembre, 2024
La política de contención y aranceles de Trump hacia China abre indirectamente oportunidades para Costa Rica.
La política de contención de Estados Unidos hacia China, que comenzó con la primera administración de Donald Trump en 2016, representa mucho más que una estrategia de gobierno; es una política de Estado que tiene profundas raíces en la competencia geopolítica y económica entre las dos grandes superpotencias.
Trump estableció esta postura como un intento de frenar el avance de China en áreas estratégicas como la tecnología y la manufactura, y desde entonces, esta línea política ha sido continuada por el gobierno de Joe Biden. Esto evidencia que no se trata de una medida temporal, sino de una estrategia de largo plazo que busca preservar la hegemonía estadounidense en el escenario global.
Con la reelección de Trump, esta política de contención y aranceles a China no solo persiste, sino que se refuerza, impactando la economía mundial.
La política de contención hacia China iniciada en 2016 se tradujo en medidas específicas como sanciones comerciales, imposición de aranceles a productos chinos y restricciones en sectores críticos como la tecnología. Trump fue explícito en sus intenciones de frenar el crecimiento de China en el mercado global, posicionándola como un rival sistémico directo de Estados Unidos. Esta política fue mantenida e incluso fortalecida por la administración de Biden, quien, lejos de modificar el enfoque de Trump, continuó implementando acciones para proteger sectores estratégicos y limitar la influencia de China. Esto reafirma que el objetivo de Estados Unidos va más allá de intereses comerciales de corto plazo: busca asegurar su posición como líder económico y geopolítico frente a un competidor que (según la visión de Washington) amenaza ese rol.
Una guerra de aranceles
El presidente electo Donald Trump ya anunció que desde el día uno de su administración, es decir desde el 20 de enero de 2025, una de sus primeras órdenes ejecutivas va a establecer un arancel adicional del 10% a las importaciones que provenga desde China hacia los Estados Unidos, “hasta que se detengan las enormes cantidades de drogas, en particular fentanilo” que ingresan a suelo estadounidense.
Inmediatamente Liu Pengyu, el portavoz de la embajada de China en Washington DC respondió que “nadie ganará en una guerra comercial o arancelaria”. Como Estados Unidos importa de China computadoras y equipos audiovisuales, algunos economistas anticipan que el nuevo arancel del 10% repercutiría en un aumento de los precios de esos bienes para los consumidores estadounidenses.
Ya durante la campaña electoral Trump había anunciado que en su segunda administración incrementaría los aranceles hasta 60% para los automóviles eléctricos y otros productos que provengan del mercado chino.
Incluso esta semana el presidente entrante Trump anunció que castigaría a los BRICS, un foro en el que China representa su mayor economía, con un arancel del 100% a sus exportaciones a Estados Unidos si insisten en sus políticas de desdolarización.
Por otra parte en una clara represalia a las recientes declaraciones de Trump ya China anunció que restringirá sus exportaciones de galio, antimonio y germanio a Estados Unidos, materiales esenciales para fabricar semiconductores.
Contención y Ley de Chips y Ciencia
Una de las medidas más claras de esta continuidad de la política de contención a China es el CHIPS and Science Act, o Ley de Microchips y Ciencia, aprobada y firmada en 2022 con apoyo bipartidista, que tiene como objetivo principal fomentar la producción de semiconductores en suelo estadounidense. La ley destina miles de millones de dólares a la construcción de fábricas de microchips en Estados Unidos, con la intención de reducir la dependencia de China y de otros países asiáticos en la fabricación de componentes tecnológicos esenciales. Esta iniciativa responde a la necesidad de Estados Unidos de mantener su autonomía en áreas de alta tecnología y reducir el riesgo de que sus cadenas de suministro queden vulnerables a un país competidor como China. Este proyecto no solo refuerza la política de contención a China, sino que también ilustra cómo esta postura se ha institucionalizado, posicionándose como una estrategia bipartidista de largo plazo, es decir tanto de republicanos como de demócratas.
En la administración Trump, el arancel fue utilizado de manera selectiva y estratégica, no como una medida proteccionista indiscriminada, sino como un medio de negociación. Este enfoque no buscaba una barrera generalizada contra todas las importaciones, sino que se aplicó para influir en países específicos en función de temas clave para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, Trump amenazó con aranceles a productos mexicanos en respuesta a problemas de inmigración y narcotráfico, presionando al gobierno mexicano para que adoptara medidas de control en estos frentes. Esta presión funcionó como una herramienta diplomática y económica que, sin necesidad de imponer aranceles permanentes, llevó a México a tomar acciones específicas para mitigar estos problemas.
En el caso de Europa, Trump también recurrió a la amenaza de aranceles como una herramienta de negociación, en este caso para equilibrar los términos de intercambio comercial. Aunque algunos consideraron esta postura como proteccionista, la lógica subyacente era asegurar que las relaciones comerciales fueran más equitativas y no necesariamente imponer barreras de manera generalizada. Esto explica por qué Trump no aplicó este enfoque a países como Costa Rica, que se mantienen como aliados estratégicos de Estados Unidos en la región.
Está por verse si durante la segunda administración Trump los aranceles se utilizarán como medios de negociación para obtener ventajas en temas de seguridad, narcotráfico y otros o si los nuevos aranceles quedarán establecidos de manera permanente. O si presenciaremos una combinación de las dos opciones anteriores.
Salvo imprevistos la política de aranceles que muchos economistas perciben como un nuevo tipo de proteccionismo va a caracterizar los cuatro años de la administración Trump 2.0.
El CAFTA como escudo y oportunidades para Costa Rica
En el caso específico de Costa Rica, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR) actúa como una barrera protectora contra la imposición de aranceles indiscriminados por parte de Estados Unidos. Firmado en 2004 y vigente desde 2009, este tratado establece un marco de libre comercio entre las partes, eliminando gradualmente los aranceles sobre productos específicos y promoviendo la inversión entre los países firmantes. En esencia, el CAFTA-DR asegura un acceso preferencial al mercado estadounidense para productos costarricenses.
Para que Trump pueda imponer aranceles a productos costarricenses, necesitaría modificar el CAFTA-DR, un proceso que implica renegociación entre las partes firmantes y la aprobación de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Dada la protección institucional que brinda el CAFTA-DR, es poco probable que Costa Rica sea afectada por las políticas de aranceles aplicadas a otros países. Además, la relación estratégica entre Estados Unidos y Costa Rica en temas de seguridad, cooperación y comercio fortalece aún más esta posición de estabilidad en el intercambio económico.
Por lo demás, la administración Trump dará prioridad en su agenda a su política comercial y estratégica con China, con la Unión Europea, y a la renegociación del T-MEC con México y Canadá durante el año 2026 y no tendría tiempo de ocuparse de temas como el CAFTA.
La continuidad de la política de contención a China, reflejada en medidas como el CHIPS and Science Act, también abre una ventana de oportunidad para Costa Rica en el contexto de las tendencias de nearshoring y friendshoring. A medida que Estados Unidos busca reducir su dependencia de Asia y reubicar sus cadenas de suministro, países aliados y cercanos geográfica y políticamente, como Costa Rica, se vuelven destinos atractivos para la inversión. Esto representa una oportunidad estratégica para Costa Rica en áreas como la manufactura avanzada y la tecnología, sectores en los cuales el país ya ha demostrado fortalezas.
En este escenario, Costa Rica no solo podría beneficiarse de la inversión directa de empresas estadounidenses, sino también consolidarse como un socio confiable en el hemisferio. Esto reafirma el valor de una política de Estado en Costa Rica que promueve una relación cercana y estable con Estados Unidos, aprovechando las oportunidades derivadas de la competencia entre Estados Unidos y China.
La reelección de Donald Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos no significaría un cambio radical en la política de contención a China de Estados Unidos, sino una continuación y a la vez de una profundización de una estrategia bipartidista que ha sido adoptada como política de Estado. Este enfoque refleja la competencia geopolítica entre dos potencias que luchan por su posición en el escenario mundial. La política de aranceles de Trump, aplicada de forma estratégica y no indiscriminada, busca fortalecer la seguridad y economía de Estados Unidos sin perjudicar a países aliados como Costa Rica, cuya relación comercial está protegida por el CAFTA-DR.
La continuación de esta política brinda a Costa Rica una ventaja única, especialmente en el contexto de nearshoring y friendshoring, al posicionarse como un aliado confiable y cercano. La relación estable y colaborativa entre Costa Rica y Estados Unidos, apoyada en políticas de Estado que trascienden gobiernos, asegura que el país centroamericano mantendrá una relación beneficiosa con Estados Unidos, aprovechando las oportunidades que surjan en el nuevo orden económico global.
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