Larissa Arroyo: “Figura del aborto impune en Costa Rica debe cambiar”

A la luz de las manifestaciones del 28 de septiembre por el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, reflorecieron en el país consignas por que se le brinde este derecho a las mujeres, así como la propuesta de un proyecto de ley.

Este proyecto, impulsado por la organización Aborto Legal Costa Rica, llegaría a la Asamblea Legislativa, con el fin de despenalizar la figura del aborto en Costa Rica y extender los escenarios entre los cuales las mujeres puedan acudir a esta práctica médica de forma segura.

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Larissa Arroyo, abogada y activista de la Asociación Ciudadana Acceder, conversó con LA REPÚBLICA con la posibilidad de que un proyecto de este tipo llegue al Congreso.

¿Qué opina de la posibilidad de despenalizar el aborto?

Hay una diferencia entre la legalización del aborto y la despenalización de este. En Costa Rica se permite, por una excepción, cuando exista peligro para la vida o la salud de la mujer.

Sin embargo, aunque sea permitido, este no deja de ser un delito, por eso se le llama aborto impune, ya que, aunque exista la comisión de un delito en el acto del aborto, las excepciones permiten que no haya pena.

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En este escenario, me pregunto: ¿Cómo es posible que se considere como un delito algo que está haciendo la mujer para salvar su vida?, y es ahí donde se necesita una reforma legislativa, para cambiar esa figura.

¿Qué tan factible ve aprobar un proyecto de legalización y qué excepciones abarcaría para aplicar los abortos?

Tengo entendido que este proyecto no habla de acceso ilimitado al aborto o sin ningún tipo de restricción, sino que establece un límite de semanas y elimina las justificantes del aborto, para promover la legalización.

Así las cosas, el aborto no solo no deja de ser delito, sino que se vuelve legal y el Estado debe asegurarlo.

Con respecto a la norma terapéutica, ¿considera que el país ha sido cumplido en su aplicación?

El problema es que el Estado no ha hecho una promoción adecuada de la norma terapéutica.

Debido a esto puede que haya desinformación y que las mujeres no pidan el procedimiento porque no saben de su existencia. Es algo que, pese a que el Gobierno lo aprobó, se lo ha tenido muy calladito.