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Martes, 17 de diciembre de 2024





COLUMNISTAS

Luces y sombras de la Concertación Nacional para orientar la nueva trasformación del sistema de pensiones

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 03 junio, 2024


Participé hace un par de semanas en un evento convocado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) con la finalidad de iniciar la construcción de un acuerdo para adaptar de manera efectiva y justa nuestro sistema previsional a los dramáticos cambios demográficos que vive nuestra sociedad. Es el comienzo de una ruta que permita ajustar nuestra seguridad social mediante una amplia participación de los diversos intereses legítimos en el tema.

Agradezco profundamente que se me haya invitado para participar en ese evento junto con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, SUPEN, la CCSS, sindicatos, empresarios y operadoras de pensiones, así como personeros de NNUU, de OCDE y del proceso de modernización del régimen de pensiones de Uruguay que proveyeron muy importantes informaciones.

Debe ser evidente para los ciudadanos la necesidad de continuar poniendo al día nuestro régimen de pensiones para garantizar su solvencia, y para mejorar su equidad para la justicia social y su eficiencia para la economía.

Vivimos una profunda y muy acelerada transformación demográfica que impone la necesidad de seguir ajustando nuestro sistema previsional.

En Costa Rica nos estamos envejeciendo antes de habernos enriquecido, y nos envejecemos muy aceleradamente. Se envejece nuestra sociedad porque la tasa de fecundidad (la cantidad de hijos por mujeres en edad de concebir) ha caído vertiginosamente, de modo que la población va encaminándose a un punto en que empezará a disminuir. A la vez, nuestra expectativa de vida es muy alta para sociedades con nuestro nivel de producción por habitante. Esto hace que la población trabajadora crezca muy lentamente y en solo una década empiece a disminuir, y que el número de personas en edad de retiro aumente también rápidamente.

Basta un solo dato para palpar la magnitud de estos cambios. En los ochenta del siglo pasado por cada persona trabajadora pensionada había más de 7 trabajando activamente. Dentro de unos treinta años la previsión es que nos estabilizaremos en poco más de un trabajador activo por cada uno en edad de recibir pensión.

Se me pidió que compartiera sobre la experiencia del proceso de Concertación Nacional, como un antecedente para este necesario y urgente ejercicio para ponernos de acuerdo en las transformaciones que requiere nuestro sistema de pensiones.

Hoy lo que buscamos son las luces de los éxitos, y sin duda el mayor se obtuvo con la Ley de Protección al Trabajador.

No voy a analizar el fondo de los aspectos de pensiones y de la atención de los trabajadores desempleados que vino a atender la Ley de Protección del Trabajador, esa reforma sustancial, y muy provechosa y oportuna de nuestro sistema previsional. Solo voy a comentar algunos aspectos del proceso que considero determinó su exitosa aprobación.

Se trata de aprender de esa experiencia.

El trabajo previo de los técnicos fue indispensable. En ese trabajo se logró unir los aspectos relativos a la previsión social de pensiones con los del régimen de cesantía gracias a una participación creativa de un experto extranjero, el premio nobel Joseph Stiglitz, un muy distinguido y respetado académico nacional, Alberto Trejos y dos comprometidos y eficientes funcionarios del gobierno de entonces Ronulfo Jiménez y Víctor Morales.

No fue fácil lograr el acuerdo de la CCSS, de sindicalistas, solidaristas, cooperativistas, patronos grandes, medianos y pequeños con las propuestas de los técnicos. Los legítimos intereses de cada sector eran diferentes, y a veces contrapuestos.

Pero se logró. Así se construyó, con previsión y con unión de buenas voluntades y esfuerzos, la Ley de Protección al Trabajador.

Para conseguir respaldos se balancearon los temas. En lugar de unir adversarios a la reforma como ocurrió cuando se acumuló en un solo proyecto la apertura de telecomunicaciones y de electricidad, se buscó complementar apoyos.

Así, además del nuevo pilar de pensiones el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias ROP y de las transformaciones de la cesantía que lo convertían en un derecho real sin límite de 8 años y con derecho a ella incluso por renuncia del trabajador a su empleo, se incluyeron en el proyecto mecanismos para mejorar la gestión y rendimientos financieros de los fondos del régimen general —Invalidez, Vejez y Muerte— manejado por la CCSS. También modificaciones al Sistema de Pensiones No Contributivas en beneficio de las personas sin pensión y en situación de pobreza en su edad de retiro.

Sindicalistas, solidaristas, cooperativistas, patronos grandes, medianos y pequeños participaron activamente en el proceso de plasmar los acuerdos generales en una propuesta específica de legislación.

Unir propuestas que beneficiaban a diversos sectores en un mismo proyecto y la colaboración de los sectores mediante su participación en el Consejo Nacional del Trabajo ampliado, en la redacción del proyecto de ley, y luego mantener su contribución a lo largo de la discusión legislativa, fueron dos aspectos que resultaron vitales para facilitar su aprobación. El primero, porque equilibró los intereses en juego entre los sectores empresariales y los sociales que entre si también tenían diversidad de intereses, pues si bien cada uno de ellos consideraba más importante un determinado aspecto de la reforma, aceptaba el otro como precio por lograr un objetivo que estimaba superior.

En apretada síntesis, puede decirse que los patronos consideraban más relevante el saneamiento del régimen de pensiones, porque eran conscientes de los elevados costos para la economía nacional de no hacerlo, y los trabajadores daban más importancia al tema de la cesantía porque implicaba un beneficio más inmediato para ellos. Así, cada cual aceptaba el tema del otro a cambio de que éste a su vez aceptara el propio y en ese delicado equilibrio de objetivos, esa trascendente reforma consiguió apoyo de tirios y troyanos.

El segundo aspecto fue fundamental porque la participación conjunta en la elaboración y seguimiento de la discusión legislativa de la propuesta permitió la identificación de los sectores con el conjunto de ésta, aunque no necesariamente compartiesen cada una de sus partes.

En ese foro convocado por SUPEN el pasado 16 de agosto, se trataba también de prever y evitar las sombras y dificultades que permitieron una campaña engañosa para descarrilar y atrasar con enormes costos sociales y económicos que aún hoy sufrimos, la apertura a la competencia de los monopolios públicos de telecomunicaciones, seguros y electricidad.

Tal vez una de las razones fue la dificultad de equilibrar el deseo tan fuerte que teníamos al inicio de la administración de avanzar con velocidad en las reformas planteadas en campaña y del deseo y compromiso de construir una renovada visión nacional compartida.

La apertura de monopolios, el ingreso por las concesiones de telecomunicaciones, y la disminución del gasto en intereses y amortización de las deudas que se generarían con las ventas de BCR, BICSA, el INS sin monopolio y FANAL nos permitirían mejorar el equilibrio fiscal sin nuevos impuestos, y contar con importantes recursos adicionales para las enormes demandas de infraestructura generadas por la muy pobre inversión realizada desde la crisis de los ochenta, y para los programas sociales universales de educación y salud y focalizados de asistencia social, que eran requeridos por el empobrecimiento sufrido 20 años antes.

Tal vez esa prisa nos llevó a querer aprobar muy rápido después del proceso de concertación el primer paso de ese proceso que era la apertura de los monopolios.

Los proyectos se prepararon siguiendo los principios aprobados en la Concertación.

Por un momento parecía que la apertura sería aprobada muy rápido.

Pero vinieron las dificultades.

El Presidente de la Asamblea Legislativa de mi propio partido empezó a argumentar que se necesitaba una reforma constitucional de previo a esa apertura.

Los dirigentes sindicales volvieron al ICE y se encontraron con compañeros deseosos de alcanzar esas posiciones, y el apoyo al que se habían comprometido se esfumó, ante la presión de sus compañeros de trabajo atemorizados de que la competencia pudiera poner en riesgo algunos de sus puestos y privilegios.

Cuando un año y varios meses más tardes se aprobó en primer debate la apertura de electricidad y telecomunicaciones empezaron las manifestaciones de protesta, movilizadas por un sector político minoritario que mintió, afirmando que se trataba de vender el ICE, lo que nunca estuvo en ninguna propuesta. En esas circunstancias las autoridades universitarias que le habían dado su apoyo al proceso y específicamente a la apertura de los monopolios, recularon y nos dieron la espalda.

Cuando la calle calentó los medios de comunicación y las organizaciones empresariales, que nos habían dado su apoyo, pidieron parar el proceso.

Hay que estar seguro de las propias fuerzas que aparentemente apoyan el resultado de un proceso de formación de acuerdos nacionales.

Si dura mucho su concreción el entusiasmo del cambio se evapora, y el apoyo desaparece.

A pesar de que no se logró su objetivo claramente enunciado en la campaña y en el Programa de Gobierno Soluciones para el Futuro de abrir los monopolios estatales señalados, la Concertación Nacional representó una experiencia democrática inédita y fue exitosa en la tarea de recuperar esa visión de futuro compartida, que por siglo y cuarto caracterizó nuestra historia. Es un ejemplo de participación de la sociedad civil y se abrió camino para aprobar 10 años después la apertura en telecomunicaciones y seguros que ha demostrado ser muy exitosa.

Por ello mismo señalé hace 21 años que la Concertación Nacional no debe ser vista como algo acabado, sino más bien como un proceso que debe mantenerse y enriquecerse constantemente, con independencia de circunstancias políticas coyunturales, del mismo modo que éstas no pesaron en su convocatoria.

Por eso me parece tan oportuna y necesaria la iniciativa de SUPEN de iniciar un proceso para concertar una solución estructural y equilibrada de nuestro sistema de pensiones.

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