Plan de contención de gasto del gobierno reduciría déficit en 1,7% del PIB
Esteban Arrieta [email protected] | Miércoles 30 mayo, 2018 04:02 p. m.
Esta tarde, Rocío Aguilar, ministra de hacienda, dio a conocer al fin, las medidas que implementará el gobierno de Carlos Alvarado, para mitigar el gasto público.
Se trata de un ajuste, que contempla acciones administrativas, decretos, directrices y proyectos de ley.
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No obstante, las medidas significarán una reducción del déficit fiscal entre 1,6% y 1,7% del PIB durante los próximos años, lo cual, sería insuficiente para mitigar la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno.
Al finalizar el año pasado, el déficit cerró en 6,2% del PIB.
La idea del gobierno es garantizar que podamos seguir con el modelo de desarrollo justo, inclusivo y próspero, que nos ha caracterizado, dijo Aguilar.
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“Estas medidas no deben entenderse como la solución sino como la primera fase de una estrategia nacional que derive en una reforma al empleo público, un rediseño institucional y un sistema tributario más progresivo y moderno acorde con la realidad productiva del país, que le permita a Costa Rica continuar en la senda de crecimiento y desarrollo que nos ha marcado nuestra ya casi bicentenaria tradición democrática”, advirtió Aguilar.
En el presupuesto del 2019, por ejemplo, se establece cero crecimientos con excepción del servicio de la deuda, pensiones y los gastos de capital.
Asimismo, se establece la reducción de un 30% en viáticos y transporte, de un 30% en publicidad y propaganda, de un 50% en actividades protocolarias, así como la renegociación de alquileres, congelamiento de salarios a los jerarcas y de plazas en todo el Gobierno, y reducción de las horas extras.
También, se establece una nueva escala para disminuir el pago del incentivo de dedicación exclusiva para todos los nuevos funcionarios (bachillerato se reduce del 20% al 10% y para licenciatura de 55% a 25% sobre el salario base).
Por otra parte, se hace entrega a los diputados de una propuesta de reforma a la ley para que se reduzca del 65% al 30% el pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura.
“El tiempo se agotó”, exclamó la titular de Hacienda, tras insistir en la urgencia de las medidas a fin de revertir la perspectiva negativa de las calificadoras de riesgo.
