Presidentes contra periodistas
Luis Alberto Muñoz [email protected] | Viernes 02 marzo, 2012


Presidentes contra periodistas
Costa Rica hoy destaca en el mundo por su libertad de prensa. Con esta investidura debemos mantener la atención sobre lo que sucede afuera.
El derecho a comunicar los pensamientos sin previa censura es un principio fundamental en una democracia avanzada. La paradoja que surge es si este ideal puede estar por encima de los demás, incluso cuando se trata de asuntos de interés público.
En el mundo no existe una única forma de resolver este dilema.
Estados convencidos de la virtud de defender la libertad de expresión de sus ciudadanos están dispuestos a ceder en mayor grado a favor de este principio.
Esto constituye una especie de garantía en el pacto social entre gobernados y gobernantes, de que el poder democrático va a estar bajo fiscalización constante.
Sin embargo, en la práctica este ideal tiende a ser irrespetado, cuando las superestructuras político-jurídicas se imponen abusivamente, estableciendo contubernios de facto y generando mecanismos de coacción que afectan el delicado equilibrio de distanciamiento entre poderes.
Los amedrentamientos contra periodistas dirigidos desde cualquier instancia gubernamental o fáctica son reflejo de condicionamientos que se quieren imponer a los medios, pero principalmente a su función fiscalizadora.
Por su parte, la prensa debe actuar apegada a un marco jurídico y ético, para que sus potestades no resulten abusivas en contra de otras instancias de la sociedad.
Ante esta encrucijada, muchos jefes de Estado prefieren ser prudentes, al permitir incluso cierto grado de extralimitación de la prensa, para que dentro de los matices de las interpretaciones jurídicas, no se llegue a cuestionar alguna decisión como un intento de coartar la libertad de prensa, de opinión o de establecer censuras previas.
Un presidente, por el puesto que ocupa en una sociedad, debe ser muy cuidadoso de no caer en acciones abusivas, principalmente contra aquellos que discrepan de sus actos.
Asimismo, las instancias judiciales deben demostrar la suficiente autonomía para asegurar una adecuada independencia de criterio, como principio garante a la ciudadanía contra las concentraciones autocráticas que pueden convertir a una democracia, en un sistema que atenta en la práctica contra sus propios ideales.
Hoy en una sociedad de información descentralizada, el ejercicio del periodismo no debe estar limitado a la naturaleza de los hechos noticiosos, a si estos corresponden a un asunto de interés público o no, sino más bien debe extenderse a una autoevaluación ética sobre si su función contribuye a un fortalecimiento del sistema democrático.
Luis Alberto Muñoz
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