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Proponen eliminar límite en el gasto para el Poder Judicial ante desafío de criminalidad y narcotráfico

La regla fiscal es utilizada para mantener el déficit fiscal bajo control

Tatum Foulger [email protected] | Miércoles 28 agosto, 2024 02:33 p. m.


GJ
El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, Gilbert Jiménez Siles, cree que el Poder Judicial debería funcionar independientemente. Cortesía/La República


El Poder Judicial debería ser exceptuado de las restricciones fiscales, dice un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa.

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La iniciativa, permitiría a dicho poder de la República no verse afectado por la regla fiscal, la cual, establece un límite en el crecimiento del gasto cuando la deuda del Estado supera el 60% del PIB.

La regla fiscal es utilizada para mantener el déficit fiscal bajo control y garantizar la estabilidad económica a largo plazo.

Sin embargo, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, Gilbert Jiménez Siles, cree que el Poder Judicial debería funcionar independientemente. 

El llamado lo hace en momentos en que Costa Rica enfrenta el crecimiento del narcotráfico y los homicidios.

“Es necesario y justificable poder exceptuar de la regla fiscal al Poder Judicial para garantizar su independencia. El Poder Judicial no debe estar sujeto a las mismas restricciones fiscales que otros poderes del Estado”, escribió en su planteamiento de ley.

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Jiménez continuó: “Su financiamiento debe ser adecuado y estar garantizado para que pueda cumplir con sus funciones sin interferencias indebidas, por cuanto la justicia es un servicio esencial para la sociedad. Su buen funcionamiento depende de la disponibilidad de recursos adecuados, que deben estar asegurados de manera continua y no estar sujetos a fluctuaciones políticas o económicas”.

Desde que comenzó la Operación Soberanía en 2023 para frenar el narco, se han incautado más de seis toneladas de cocaína.

Una excepción a la aplicación de restricciones fiscales permitirá al gobierno asignar los fondos necesarios para combatir delitos, como el narcotráfico, en el territorio nacional.


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