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Reflexiones: No requerimos un acuerdo con el FMI

Leiner Vargas [email protected] | Martes 08 septiembre, 2020


He insistido en mis redes y ponencias públicas durante los últimos dos meses en este tema, “la economía costarricense no está quebrada, está cerrada”, el Estado y sus instituciones han tenido que hacerle frente a la pandemia con un fuerte componente de riesgo y utilizando sus recursos de forma honesta y con la mayor solidaridad. La CCSS ha hecho esfuerzos grandes para afrontar los riesgos sanitarios, las empresas de agua, energía y los bancos públicos se han esforzado por aportar en los distintos espacios posibles. A pesar de la gran dispersión y de la incapacidad de coordinación gubernamental, la emergencia ha sido enfrentada con relativo éxito en comparación con otras regiones del planeta. Empero, el costo social, económico y público es alto y el país debe enfrentar los desafíos de abrir su economía, muy a pesar de las consecuencias que enfrentaremos en los ambientes sanitarios, ya de por sí desbordados por la pobreza, la exclusión social y la desigualdad existentes y profundizada por la pandemia.

En medio de este avatar de acontecimientos, algunos economistas de la escuela liberal con una contraparte empresarial de altos intereses en los bienes públicos del Estado costarricense han planteado la no grata solución de declarar en quiebra al Estado y de ofertar sus bienes al mejor postor. Quiero contradecir a estas versiones simplistas de la macroeconomía, esperando dejar los argumentos claros, el país no requiere de medidas de shock, tampoco está quebrado o en bancarrota, y existe otra ruta, otra opción más costarricense y menor dolorosa para sacar al paciente económico de la critica situación en que nos hemos metido. Paso entonces a definir los argumentos, no sin antes dejar claro que me mueve un interés esencialmente ciudadano, que no pertenezco ni al sindicato de banqueros llamado ABC, ni tampoco lo hago con la venia de la ANEP o alguno de los sindicatos del sector público, lo escribo en mi condición de ciudadano y con el mayor interés en el bien público.

El país venía de una operación a corazón abierto que resultó la reforma fiscal del 2018, operación de la que se venía recuperando con mucho éxito y de forma bastante razonable. Los ingresos fiscales se habían estabilizado y los gastos estaban esencialmente controlados, a pesar de las borracheras de último momento del gobierno de Luis Guillermo Solís y de los ajustes a la implementación del IVA que dejaron huecos importantes en los sectores cooperativos y de zonas francas. Lamentable ha sido que la pandemia resultase integrada a ese proceso de franca recuperación del equilibrio fiscal. El cierre de la economía y los ajustes sanitarios han llevado a poner un alto en la fase de recuperación y se ha profundizado el desequilibrio fiscal, motivado en un sobresalto de gastos por la afectación pandémica y en una menor recaudación producto del cierre de las actividades económicas.

El efecto serán dos años de ajuste fiscal en retroceso, lo que requerirá de reforzar el control de los gastos y por supuesto, encontrar alternativas para refinanciar los componentes financieros de la deuda, afectada en su costo y en el saldo, producto de la pandemia. Todos los actores económicos hemos tenido que ajustar nuestro comportamiento financiero en medio de la pandemia, hemos reducido nuestros gastos y hemos reajustado nuestra deuda, financiando a mayor plazo o cambiando y reduciendo los intereses de esta. La salida empresarial ha sido una apretada de costos y por supuesto, la reinvención hacía otras actividades u otra manera de hacer lo mismo que estamos haciendo. La pandemia significa cambio, cada uno en su contexto y el Estado igual, debemos enfrentarnos al cambio. Pero todos sabemos que, si bien nuestra empresa está parcial o totalmente cerrada, no está quebrada. Podemos abrirla y seguir adelante, lo mismo le pasa al Estado y al país, podemos abrirlo y seguir adelante.

Según los cálculos que hemos hecho para la situación país se requerirán de unos 4 mil millones de dólares para equilibrar el ajuste fiscal del país en los siguientes 4 años. Estos recursos serán necesarios para reducir el componente monetario de la deuda interna, afrontar los pagos del Estado adicionales provocados por la pandemia y corregir con nuevo emprendimiento, el desajuste producido por la destrucción de empresas y empleo provocados por la pandemia del COVID-19 en las industrias del país. Es absolutamente necesario entonces enfrentar la situación creando oportunidades nuevas, no provocando un mayor ajuste recesivo, dado que, si no ponemos a caminar el enfermo, si lo dejamos tirado en su cama y sin ejercicio, de seguro que se volverá un inútil y tampoco colaborará para su recuperación.

El país no tiene dificultades en su sector externo, los precios de las materias primas y el petróleo están razonablemente bajos, los bienes agrícolas exportables están en ciclos de altos precios, las agroindustrias rurales están potentes y solo requieren de fortalecer sus protocolos para la cosecha y postcosecha, de tal manera que debemos apuntalar las ventajas de nuestro sector agrícola. El sector industrial se ha empezado a recuperar y la dinámica de cambio en las industrias de zonas francas nos está motivando un mayor estímulo en sectores de ciencia y tecnología, por lo que el país verá mayores demandas de mano de obra calificada en el futuro cercano. El país tiene suficiente fortaleza para afrontar la fase de recuperación en sectores como el turismo y el comercio, lo que requiere es iniciar con fortaleza la fase de apertura, entendiendo la nueva normalidad de los negocios y, sobre todo, apostando a la educación y el buen comportamiento de nuestra sociedad. Debemos eliminar el martillo de las opciones, apostando por un control social mayor y un estímulo al comportamiento correcto en los distintos ámbitos.

En tanto se recuperan los ingresos fiscales, el país requiere de un ajuste de su comportamiento de gastos, nuestro ajuste en gasto primario deberá venir con un comportamiento muy moderado en los gastos y los ahorros que la logística de la pandemia permite. Del lado de los ingresos, debemos apuntalar un ajuste no recesivo en los mismos. No se puede ni se debe exonerar el IVA a nadie en el país. El IVA costarricense es de los más bajos del continente y no debería ser un obstáculo competitivo para los sectores empresariales, si bien tiene efectos fuertes en el consumidor, los gastos costarricenses son altamente progresivos socialmente. El país debe esencialmente eliminar las exoneraciones existentes en materia del impuesto a la renta en sectores privilegiados como las cooperativas grandes, las zonas francas y debe en lo sustantivo, utilizar la renta global y no la renta celular. Este cambio en el concepto de renta podría motivar una verdadera justicia social, dado que los que tienen rentas al trabajo han venido subsidiando a los que tienen rentas del capital, afectando seriamente la distribución del ingreso y de la riqueza en el país.

Para corregir los niveles de endeudamiento y sobre todo el servicio de la deuda, debemos utilizar 2500 millones de dólares de nuestras RMI, las que son propiedad de nuestro Estado y Sociedad, no las que están en custodia del Banco Central. Esto sería una medida de 5 años plazo y se utilizarían para sostener la avalancha de pagos de intereses absurdamente caros que el Estado costarricense tiene, no para financiar más gasto público. Nuestra estimación es utilizar 1000 millones de dólares en cambio de deuda cara por deuda barata a tasa básica pasiva. Los restantes 1500 millones de dólares deberán invertirse en nuevos emprendimientos, capital para las empresas e inversiones estratégicas en ciencia, tecnología e innovación.

Para todo lo anterior solo se necesita una autorización de ley de la Asamblea Legislativa, no se requiere firmar un acuerdo con el FMI. No significará un endeudamiento externo ni un ajuste recesivo de nuestra economía. Tampoco sería un instrumento inflacionario, dado que en la actualidad la inflación está controlada y lo que tenemos es desempleo abrupto. No se requerirá afectar al Banco Central en su función de mantener el equilibrio cambiario, dado que padecemos de un fenómeno contrario, apreciación cambiaria y traer divisas adicionales solamente elevará las pérdidas del Banco Central en su proceso de esterilización. Todo lo anterior solamente requiere de economistas y de banqueros con uso de sentido común, algo que parece se ha perdido en algunos de ellos.

Lo que ha venido sucediendo es que, para algunos pequeños grupos de interés económico en el país, declarar la quiebra de nuestro país es un negocio redondo. Les han venido dando recursos a granel para financiar deudas y refinanciarlas. Les han venido autorizando créditos para crear avales y reducir el riesgo de sus operaciones, les están dando los recursos para comprar barato, a precio de quiebra, los activos públicos que se pretenden vender con la innecesaria operación con el Fondo Monetario Internacional. Así las cosas, en cuestión de 5 años, si seguimos con este cuentito del préstamo con el FMI, tendremos a nuestro Estado Social en la calle, los costarricense habremos perdido las joyas de la corona y unos cuantos, abran aumentado sus fortunas y su capacidad de control político, económico y social del país. Los que apuesten por aprobar el acuerdo con el FMI tendrán de fijo una tajadita de ese pastel, pero los costarricense seremos más pobres y desiguales, tendremos menos derechos y seremos mendigos de la mal llamada solidaridad de los ricos, con bonos o tajaditas de pastel cada cuatro años que, con populismo, definiremos a cuál de los más corruptos políticos llevar al poder. Yo en lo particular me quedo con la otra Costa Rica, pero usted lector, ¿qué opina?


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