Universidades estatales, municipios y Poder Judicial participarán en construcción del salario único

Las universidades públicas, los gobiernos locales y hasta el Poder Judicial, participarán en la construcción del salario único que se pretende en la ley de empleo público, según una moción que aprobaron ayer los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración.

En principio, esta tarea recaería únicamente en el Ministerio de Planificación, el Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria, pero los diputados de Liberación Nacional, Nueva República y Acción Ciudadana, entre otros, dieron su apoyo para que esos tres sectores sean incluidos en la formulación de un salario estándar.

La medida es extensiva a todas las instituciones públicas, como Recope, Japdeva, INS ICE, etc

La fijación del salario único se haría reglamento en un plazo de 24 meses después de la aprobación de ley.

Por otra parte, se pretende utilizar como marco de referencia los salarios que se pagan en el mercado laboral.

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Por otra parte, el PLN insistió ayer en que las universidades estatales mantendrán la autonomía en todos los ámbitos, pero en cuanto a materia salarial, deberán supeditarse a los lineamientos que se establezcan en la ley de empleo público, según Luis Fernando Chacón, jefe del PLN.

“Esta normativa será aplicable a todos los servidores públicos, ya que se ha definido al Estado como un único patrono. (…) En ese sentido, no hemos reformado el artículo 2 de la ley, la cual, se refiere al ámbito de cobertura y mientras eso no pase, no se está sacando o excluyendo a las universidades de la ley de empleo público. El artículo 2 sigue igual. No debe existir ninguna duda”, dijo Chacón.

La inclusión o no de las Universidades Públicas en la ley de empleo público generó polémica a inicios de semana, cuando los propios diputados de Liberación Nacional se contradijeron al respecto.

En ese sentido, Carlos Ricardo Benavides, expresidente del Congreso y potencial precandidato verdiblanco, cuestionó la aprobación de varias mociones, que supuestamente permitirían a los centros de enseñanza superior autogestionarse en materia salarial.

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Y es que según Benavides, una de las mociones permitiría a las U estatales regularse por normativa complementaria.

“Aunque sé que algunos diputados la aprobaron de buena fe, la realidad es que está redactada para desarmar el salario global y buscar un régimen de privilegio. Eso es inaceptable y debe corregirse en el plenario. La moción introduce una condición excepcional para que las universidades a través de normativa complementaria emitida por sus propios órganos de autogobierno aprueben aumentos y condiciones salariales más ventajosas. No puedo apoyarla de ninguna manera”, dijo Benavides.

Establecer un mismo salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le permitiría al Estado ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.

El ahorro se generaría al congelar los pluses salariales de las mejores remuneraciones del sector público, ya que los funcionarios que tengan un salario por encima del sueldo estándar, no podrán recibir aumentos de ningún tipo.

En los casos en que el trabajador gane menos que el salario único, existirá la posibilidad de hacer un ajuste hacia arriba, por lo que el Estado tendrá que invertir ¢32 mil millones para incorporar al salario global a los 28 mil funcionarios que hoy ganan menos de la remuneración estándar que se fijará.

Sin embargo, este traslado no implicaría un impacto en las finanzas públicas, ya que el Gobierno aplicará a partir del 2021 y por 12 años.