(Video) Pilar Cisneros sobre Ciudad Gobierno: Opiniones de la Contraloría son antojadizas

La decisión de Marta Acosta para frenar Ciudad Gobierno no se basó en criterios técnicos, sino en argumentos antojadizos, según Pilar Cisneros, diputada oficialista y mano derecha de Rodrigo Chaves en la Asamblea Legislativa.

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Durante una intervención en el plenario la semana pasada, Cisneros aseveró que esperaba más de la Contralora y afirmó que no se comprende cómo ella primero sí avaló la construcción del inmueble en un terreno del Estado, que luego sería alquilado por el BCIE al Poder Ejecutivo.

“Francamente tengo que admitir que esperaba más, mucho más de la contralora Marta Acosta, sobre su criterio de Ciudad Gobierno, la mega obra pública que nos permitiría ahorrar $17 millones al año y que facilitaría enormemente la vida al ciudadano. En un artículo publicado, la Contralora no argumenta con hechos, sino que se victimiza una y otra vez, alegando una supuesta campaña de distorsión, hechos falsos, agresión e irrespeto. Tener criterios diferentes no es irrespeto y decir que Marta Acosta hace una interpretación antojadiza tampoco lo es”, dijo Cisneros.

Para la diputada, lo que existe es una interpretación antojadiza de la ley.

Esto, porque en otras ocasiones, el Estado ha cedido el terreno para que un tercero construya, para que después la institución pública alquile y se deje el inmueble y el terreno al cabo de un tiempo, como pasaría con Ciudad Gobierno.

“El gobierno quiere cumplir con el ordenamiento jurídico y la mejor prueba es que la señora Acosta asistió a una reunión, donde el presidente, varios ministros y un equipo técnico le explicaron los detalles de Ciudad Gobierno y ella lo avaló”, dijo Cisneros.

La diputada fue enfática en que el proyecto se encuentra varado porque Acosta advirtió a los ministros que cualquiera que impulsara el plan se exponía a denuncias penales.

El proyecto Ciudad Gobierno tendría un costo de alrededor de $450 millones. El plan incluye la construcción de aproximadamente cinco edificios de 15 o más pisos en cuatro manzanas de Plaza Víquez. La idea es albergar a unas 18 instituciones y a sus 10,000 funcionarios, con el objetivo de ahorrar al Estado unos $17 millones al año en alquileres y mejorar el servicio a los ciudadanos facilitando los trámites.

No obstante, a finales de noviembre la Contraloría aclaró al gobierno que no podía permitir que el BCIE construyera en un terreno público, alquilar el inmueble y posteriormente quedarse con los edificios.

Por el contrario, el proyecto tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y ser valorado también por la Contraloría, lo que implica el camino más largo a seguir.