¡Con la Seguridad Social y las Pensiones no se juega!

Carlos Arias Alvarado

Director Ejecutivo

JUPEMA

La Ley es muy clara al establecer que los trabajadores, patronos y el Estado tienen la obligación de brindar aportes que sustenten la seguridad social en materia de salud y pensiones. La falta de pago de este deber, por tanto, es una lesión a un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política, porque causa un daño directo al bienestar de las personas.

Lo cito de esta forma porque en Costa Rica suenan las alertas en el campo social. Hoy vemos un sistema educativo que no logra el mínimo constitucional de inversión estatal, problemas de vivienda, de empleabilidad; pero también en el tema de pensiones encontramos un sector de trabajadores independientes que no cotizan, y también, en el caso donde quiero ahondar, vemos algunos patronos que reportan menos trabajadores, aun reteniendo la totalidad de las cuotas obreras; otros que evaden el pago de sus obligaciones o simplemente no lo hacen del todo; y un Estado que no termina de aterrizar los procesos para ponerse al día con la deuda que mantiene con el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y en las formas para fortalecer los ingresos al Régimen no Contributivo (RNC).

Todo esto es muy preocupante porque de alguna manera se está empeñando el presente y futuro de una población adulta mayor creciente, donde usted y yo estamos o estaremos; la cual puede verse perjudicada en su calidad de vida, impactando los niveles de pobreza en este segmento de población (hoy un 22% vive en esta condición), y ampliando más la vergonzosa desigualdad social que arrastramos en las últimas décadas y que se agravó con la pandemia. Sin ahondar, en las consecuencias para un Estado que deberá hacer frente a la atención de sus demandas.

Por ejemplo, en el caso de los centros educativos privados que cotizan al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) que administra JUPEMA, lamentablemente, hemos visto esta situación también, con un total de 193 casas de enseñanza que al mes de julio adeudan un total de ¢4.786 millones, afectando directamente a 2.457 trabajadores de la educación privada.

Lo más grave es que de esa enorme cifra, el 59% de la deuda la arrastran 10 centros educativos privados. JUPEMA realiza incesantes esfuerzos para la recuperación de esas cuotas obrero-patronales, a través de diversas comunicaciones, inspecciones, multas e incluso cobros judiciales. Solo en el 2023 logró recuperar ¢243.5 millones por concepto de planillas morosas y arreglos de pago por ¢316,2 millones.

Cuando se hurga un poco más en esta situación, se puede diferenciar claramente un grupo de centros que son conscientes de la situación, y buscan cómo asumir la morosidad responsablemente, pero del otro lado existen otros que pese a la existencia de multas acumuladas o reincidentes tampoco pagan, y poco les importa una penalización por el delito de retención indebida de las cotizaciones al que se pueden exponerse a prisión de 6 meses a 10 años, porque continúan haciéndose de la vista gorda en cuanto a las responsabilidades con sus trabajadores y la seguridad social; valiéndose muchas veces del temor de sus colaboradores a perder el empleo si los denuncian.

Hemos detectado un “modus operandi” para evadir las responsabilidades con la seguridad social con casos relativos a las planillas, formas de contratación de sus trabajadores, así como con una condición laboral distinta a la que se encuentran.

También algunos simplemente dejan de pagar las planillas o bien no responden a los procesos administrativos y/o judiciales de cobro sin importar las consecuencias, entre otras argucias.

Si en este sector se encuentran estas situaciones, cómo será en otros regímenes más abiertos como el del IVM, por ejemplo. Esto nos pone a pensar en la necesidad de que el país avance con normativa que tipifique el delito de la evasión a la seguridad social.

Además del daño a los trabajadores y el impacto que esto ocasiona a los fondos de pensión, también hay otro perjuicio a la comunidad estudiantil, porque cuando estos sitios cierran, no devuelven los montos a aquellos padres de familia que han pagado por adelantado las mensualidades; también hay debilidades en la calidad de la enseñanza por la constante rotación del personal docente, pero lo que es peor, el ejemplo que se le está dando a nuestros jóvenes y niños.

La lección aquí es para todos. Debemos valorar y defender la seguridad social, hacer hasta el último esfuerzo para garantizar los derechos de los trabajadores en salud y en las pensiones, y dar el ejemplo a las generaciones que vienen detrás, sólo así podremos seguir una senda hacia una sociedad más justa e igualitaria para reducir la vergonzosa desigualdad social. ¡Con la seguridad social y las pensiones no se juega!