Costa Rica reporta casi cinco veces más homicidios que El Salvador

En materia de seguridad, El Salvador enrojece a la “pacífica Costa Rica”.

Y es que en los primeros 45 días del año, nuestro país reporta casi cinco veces más homicidios que El Salvador, una nación que ha sido golpeada durante décadas por la violencia de las pandillas.

En total, la Policía Nacional Civil de El Salvador contabilizó 22 asesinatos entre el 1 de enero y el 15 de febrero anterior, mientras que para ese mismo período, Costa Rica contabilizó 103 homicidios.

En el caso de la hermana nación centroamericana, se trata de la cifra más baja de toda su historia, a la vez que Costa Rica registra la cantidad más alta de homicidios de sus 200 años de vida independiente, de hecho, enero fue el mes más violento para nuestro país.

Es por ello, que ya se escuchan voces en Costa Rica para contar “con leyes menos alcahuetas” y mano firme para luchar contra el narcotráfico.

Por otra parte, hay sectores progresistas que proponen una lucha menos represiva y atacar con mayor fuerza las causas del fenómeno.

“Sabemos de casos en donde narcotraficantes que han sido sorprendidos en lanchas terminaron libres porque una Corte determinó que eran extranjeros y pobres de origen (…) Aquí hay que poner a trabajar al Poder Judicial, el Gobierno y la Asamblea Legislativa para cambiar, lo que algunos llaman alcahuetería extrema en materia penal y hacer las cosas un poquito más firmes (…) Tenemos que pensar cuál es el bien mayor que queremos proteger y eso requiere no un cambio de un ministro, sino de mentalidad, de leyes y de procedimientos judiciales”, dijo el presidente Rodrigo Chaves.

Sobre este tema se trató de obtener la opinión del abogado penalista Juan Diego Castro, quien ha sido un severo crítico de la justicia costarricense por su enfoque de derechos humanos a favor de los delincuentes y no de las víctimas; sin embargo, al cierre de edificio no fue posible obtener una declaración.

Mientras tanto, diputados como David Segura de Nueva República, Melina Ajoy del PUSC y Gilberto Campos del Liberal Progresista, se refirieron a la necesidad de hacer algo.

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“El aumento de la desigualdad que está viviendo el país, hace que el pacto social se rompa haciendo más vulnerable a la población (…) Se debe atacar al crimen organizado y sus estructuras que son el principal causante. Existen muchas instituciones queriendo salir de la regla fiscal, pero a nivel personal considero que deberíamos hacerlo con algunas instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública, para no tener obstáculos presupuestarios, la seguridad de los costarricenses no debe verse como un gasto, sino como una inversión”, dijo Ajoy.

Mientras tanto, Segura puso como ejemplo la labor que está realizando Nayib Bukele en El Salvador, en donde se reportan hasta diez días consecutivos sin homicidios.

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“El sistema de Bukele funciona con mano dura contra el narco y los delincuentes. No es casualidad que El Salvador tenga muchos días sin homicidios (…) Urge que resolvamos esto y urge que el gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial se sienten a discutir cómo parar esta espiral peligrosa de violencia en Costa Rica”, dijo Segura.

A finales de marzo del año pasado, el presidente salvadoreño aprobó un régimen de excepción que ayer fue extendido una vez más por las autoridades. Se trata de una lucha sin cuartel que ha sido denunciada por los sectores progresistas y defensores de los derechos humanos.

En ese sentido, una medida de este tipo sería improcedente para Costa Rica, según Marco Feoli, exministro de Justicia.

“La represión no es la respuesta. Esa solución es un canto de sirenas. Oiremos a quienes reclaman más mano dura ser escuchados porque todos queremos que la situación cambie y los discursos simplistas son, la mayoría de las veces, mucho más encantadores, aunque inútiles. En lo que yo puedo opinar, a nivel carcelario, el país debería retomar la ruta de una reforma penitenciaria profunda. En materia legislativa, debe aprobarse la ley de ejecución penal, es necesario hacer modificaciones a la ley de vigilancia electrónica y ampliar los supuestos actualmente súper restrictivos de la justicia restaurativa. También hay que fortalecer la Oficina de Inserción Social y robustecer las redes interinstitucionales para el acompañamiento de quienes salen de prisión”, dijo Feoli.

Por otra parte, Costa Rica debería entender que la violencia solo se puede acabar a largo plazo atacando las causas.

“La violencia en general aumenta en aquellos países en donde hay índices de pobreza y necesidad mayores (…) La ruta de cualquier país para reducir el índice de violencia, tiene que ver con la garantía de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas migrantes”, agregó Larissa Arroyo, abogada y especialista en derechos humanos.