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Coto a los privilegios en el empleo público

Rodolfo Piza | Miércoles 22 julio, 2015

Si queremos una sociedad más equilibrada (y equitativa), debemos evitar que esos beneficios crezcan más de lo que crece la productividad y la economía

Coto a los privilegios en el empleo público

Después de conocer los datos sobre remuneraciones en el sector público, y las diferencias con el sector privado, los costarricenses arribamos a una de las siguientes conclusiones: a) tratar de obtener un trabajo en el sector público; b) rechazar los privilegios desmesurados de algunos empleados públicos; o, c) ambas cosas.
Si hoy pusiéramos a los costarricenses a escoger dónde les gustaría trabajar, una abrumadora mayoría preferiría trabajar en el sector público.
La jornada laboral es menor, hay más vacaciones, hay días de asueto, la incapacidad se paga mejor (y no supone el riesgo de perder el empleo), hay estabilidad (el despido es inviable), se pagan más prestaciones, hay salario escolar (catorceavo mes), la calificación anual será de muy buena a excelente (en un 99% de los casos), se tiene acceso a préstamos más fácilmente, hay seguridad en el ingreso; en muchos casos existe la posibilidad de pensionarse previamente y en mejores condiciones. Y por si fuera poco, se gana más, mucho más.
Según un estudio de la Academia de Centroamérica, “Costa Rica: empleo y política salarial del sector público” (abril 2014), el diferencial de remuneraciones del sector público y del privado es generalizado en todas las categorías ocupacionales, desde directores, gerentes y profesionales, hasta operadores y ocupaciones elementales. Para técnicos y profesionales de nivel medio, por ejemplo, la diferencia en 2013 era del 35%; para trabajadores de servicios era del 95%. Y en 2015 la brecha se sigue ensanchando.
El problema, además, es que la diferencia ha crecido mucho en los últimos años. Si en 2008 la diferencia de ingreso mensual promedio en favor de los trabajadores públicos era del 80%, en 2013 llegó al 136% (es decir, mucho más del doble).
No se trata de reducir beneficios ni derechos a los empleados públicos, pero si queremos una sociedad más equilibrada (y equitativa), debemos evitar que esos beneficios crezcan más de lo que crece la productividad y la economía. Que no se nos disparen las diferencias, porque ellas las termina pagando la mayoría (ese 85% de los costarricenses que no trabaja en el sector público).
¿Qué hacer, entonces?: 1) no promover una lucha de clases laborales (sector privado vs. público); 2) respetar derechos adquiridos (es decir, remuneraciones actuales); 3) limitar y contener el crecimiento de nuevos beneficios; 4) poner coto a los pluses salariales hacia el futuro (que las anualidades, no puedan superar el 2% anual, que no se aumenten los pagos por dedicación exclusiva, ni los años de cesantía vigentes, etc.); 5) que se limiten las recalificaciones de puestos; 6) que la creación de plazas no supere el 1,5% anual; 7) que la mitad de las plazas administrativas que quedan vacantes anualmente (entre el 1% y 2% de la planilla estatal) no se reponga; 8) tener cuidado con el salario único (puede resultar más caro: BCR, Aresep, por ejemplo); 9) poner límite al crecimiento de remuneraciones excesivas.
De seguirse estas recomendaciones u otras alternativas, no necesitaremos un referendo, bajaremos el déficit fiscal, y evitaremos que la disparidad laboral siga creciendo.

Rodolfo E. Piza Rocafort

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