Disparidad salarial en sector estatal sería más grande con ley de empleo público, advierten diputados

En vez de acabar con las disparidades salariales en el sector estatal, la ley de empleo público tiene el potencial de ensanchar la brecha de remuneraciones, según diputados opositores a la ley.

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Y es que la normativa que discuten los legisladores y que tendrá que ser votada una vez más en primer debate por orden de la Sala IV, le otorga autonomía al Poder Judicial, municipalidades, U públicas y las instituciones autónomas como la Caja en materia de remuneraciones.

Esto implica que más de 150 mil trabajadores quedarían exonerados de la ley, indican José María Villalta del Frente Amplio, María Inés Solís de la Unidad, Paola Vega, independiente y Wálter Muñoz del PIN, entre otros.

La interpretación que hacen los legisladores, es que la autonomía que se incluye en la ley, haría que el Ministerio de Planificación, no pueda obligar a ninguna de esas instituciones a someterse al salario global, salario máximo – de ¢7 millones – o al congelamiento de pluses y otros aumentos.

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“Qué va a pasar cuando una institución diga yo excluyo a mi personal de esta ley aplicando este artículo, y Mideplan llegue y diga: no, miren, yo no estoy de acuerdo con que usted excluya ese personal; quién va a tomar la decisión final o es que van a quedar esos dos regímenes el de Mideplan y de la institución dentro de las mismas instituciones”, dijo Vilallta.

La ley sí permitiría al Ministerio de Planificación ser el ente rector para todo el gobierno central; es decir, todos los ministerios, en donde sí podría regular y fijar límites salariales.

La ley de empleo público pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal. Para ello, establecería una remuneración estándar por puesto para todo el Estado. En los casos en que un funcionario gane más de lo que establecido en la escala salarial, se le congelarían los pluses y otros aumentos.

Sin embargo, para las instituciones con autonomía hay una zona gris.

En el sector público, hay diferencias salariales de hasta ¢3 millones para un mismo puesto en el ámbito profesional; mientras que en el caso de labores no calificadas la brecha es de unos ¢800 mil, según un informe de la Contraloría de junio de 2018.

“Esta ley, de ninguna manera arreglará el tema de las desigualdades, por el contrario, las diferencias salariales serán más grandes, ya que más de 150 mil trabajadores del sector público estarán exonerados de la ley, a diferencia del gobierno central”, dijo Solís.

Regular la materia salarial del Estado es fundamental si se considera que hoy día, por cada ¢100 recaudados, ¢50 se utilizan para el pago de salarios en el gobierno central. Esto ha hecho, que Costa Rica sea el país de la OCDE que más invierte porcentualmente para pagar remuneraciones.

Las dudas de los diputados opositores a la ley de empleo público, son minimizadas por el PLN y el gobierno, quienes consideran que la autonomía que otorga la ley, no implica que esas instituciones no estarán sujetos al límite salarial y al congelamiento de pluses, entre otras medidas.