La importancia de los proyectos planteados ante el FMI

Actualmente se discuten en la Asamblea Legislativa la Ley de Empleo Público y la Ley del Impuesto sobre la Renta Global Dual.

En principio, ambos proyectos son parte de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a una facilidad de crédito. Pero, quizás puede surgir la pregunta de cuál es la importancia y necesidad real de dichos proyectos.

Más allá de solucionar la situación fiscal actual, el país necesita una reforma estructural sustancial, que permita la sostenibilidad en el largo plazo. Por esto es que la aprobación de ambos proyectos es sumamente relevante para el país.

Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió una nota sobre el nuevo plan fiscal en Costa Rica, e hizo ver varios puntos con relación a la situación actual del país y los elementos que justifican la implementación de dichos proyectos.

En primer lugar, con relación a la Ley de Empleo Público, en criterio de la OCDE, el sistema de remuneración del sector público actual es parte de lo que ha generado las diferencias en el ingreso de las personas.

Igualmente, en Costa Rica las remuneraciones representan más de la mitad de los ingresos del Gobierno, lo que es la mayor proporción de la OCDE, organización a la cual el país ingresó recientemente. En el mismo sentido, los salarios del sector público son cerca del 50% más altos que en el sector privado.

A partir de lo anterior, se necesita que el Estado cambie significativamente su esquema de gasto público, para que se simplifiquen los salarios públicos mediante un sistema más sencillo y menos fragmentado y que se fortalezca aspectos como los programas sociales, salud e infraestructura, para fomentar el desarrollo del país y la inclusión de las personas que desean tener oportunidades, pero que hasta el momento no han podido lograrlas. Esto sin mencionar las oportunidades que existen en el sector educativo.

Otro elemento a tomar en cuenta, es que de continuar el Estado con el nivel de endeudamiento y gasto desproporcionado que ha mantenido hasta el momento, se amenaza la estabilidad macroeconómica, por cuanto los requerimientos de financiamiento del sector público tienen una incidencia directa en las tasas de interés y el tipo de cambio, por lo que los proyectos que se analizan actualmente son de mucha relevancia, para que se pueda optar por financiamiento externo a tasas y plazos más favorables.

En segundo lugar, en lo relativo a las reformas fiscales en trámite, estas tienen algunas oportunidades de mejora. Esto por cuanto se plantea un incremento de cinco puntos porcentuales en las tarifas del Impuesto sobre las Remesas al Exterior, de forma que estas pasarán a estar muy por encima de las que se aplican en los demás países de la Región, lo que puede afectar en muchos sentidos la atracción de inversión y el clima de negocios del país.

Adicionalmente, dado que se implementará una normativa en lo relativo al impuesto sobre la renta separada para las personas físicas, esto generará una disociación en ciertas reglas con respecto a las que están actualmente vigentes en la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que en la práctica puede generar inconsistencias y errores interpretativos en figuras como las rentas y ganancias de capital.

Igualmente, la presunción de distribución de dividendos que se plantea puede generar serios problemas de flujo de caja y de inversión para las empresas, que sin duda sería contraproducente, siendo que hoy más que nunca se necesita de la reactivación económica, que solamente ocurrirá por medio de la dinamización que se genere en el sector productivo.

La reforma fiscal es un sacrificio que se debe hacer para la sostenibilidad del país, pero los diputados aún están en el momento oportuno para pasar una ley ajustada, que no implique un revés para los contribuyentes y para la reactivación económica en los años siguientes.

Continuando en materia fiscal, un punto importante es que una vez que se alcance superávit fiscal, el Gobierno deberá valorar los mecanismos para reintegrar a la economía los saldos favorables, mediante estímulos o incentivos fiscales o por medio de una rebaja en la carga tributaria. Es decir, dado que en el año 2018 se aprobó una primera reforma fiscal y próximamente se implementará otra, cuando se llegue a un punto en el cual el Estado gaste menos de lo que recauda, será necesario tomar medidas para que se equilibre el ingreso público, devolviendo a los contribuyentes los montos que se estén recaudando en exceso, ya sea por ejemplo, mediante la reducción de la tarifa del Impuesto sobre las Utilidades al 27.5% que fue acordada en las mesas de diálogo, pero que al parecer por el momento no es factible.

Sobre este último punto, dentro de los elementos a valorar, está que una reducción en la carga fiscal puede generar una mayor reactivación económica, por lo que a pesar de que la OCDE ha planteado algunos escenarios optimistas a futuro, si eventualmente estos son superados con los proyectos que se pongan en vigencia y la reactivación económica esperada una vez finalizada la pandemia, sería esperable una revisión concienzuda del sistema impositivo, a efectos de en la medida de lo posible, reducir tarifas de impuestos directos para mejorar aún más esa esperada reactivación económica.